El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, cuestionó con dureza el proyecto de ley que impulsó el poder Ejecutivo para reducir la carga fiscal a los pequeños comerciantes y advirtió a AIM que "la idea es interesante pero carece de efectividad". Además, apuntó contra los diputados provinciales que convocaron a la institución a la comisión para recibir aportes y horas después avanzaron con el despacho de la iniciativa sin incorporar ninguna de sus observaciones: "Lo que pasó es una falta de respeto".

El dirigente repasó ante esta Agencia el derrotero de la convocatoria y el desenlace que terminó por indignar a la entidad que preside. "Nos recibió la comisión, todo bien, presentamos una nota, la leímos, hicimos los comentarios al respecto de cómo creíamos que tenían que encararse la solución para que sea realmente una solución a este tema y no un parche como esto que hicieron", relató. Según detalló, “la exposición se extendió por una hora y las consultas de los legisladores fueron respondidas en tiempo, forma, todo, con explicaciones, con reconocimiento a lo que pedíamos".

Sin embargo, apuntó que el desenlace fue muy distinto al esperado por el sector comercial: "A la tarde ya salió la ley, sin ninguna modificación, sin considerar nada de lo que habíamos presentado nosotros y otra institución que también fue invitada", denunció el dirigente, quien no ocultó su malestar con el trámite legislativo. "¿Para qué nos invitaron? Es una formalidad. Nos usaron para hacer una campaña de promoción publicitaria política", y agregó que desde la entidad "estamos muy desencantados con la forma de actuar tanto de la Cámara de Diputados como, puntualmente, de la comisión que los convocó”.

El titular del Centro Comercial fue todavía más categórico al calificar el trato recibido. "Por lo menos es una falta de respeto y una desprolijidad enorme", enfatizó, y remarcó que un espacio de diálogo legislativo debería servir "para lograr que algo salga mejor de lo que está planteado, con más conocimiento, con más determinación y positivismo en cuanto a lo que son los diálogos que uno tiene con los estamentos del gobierno". A su entender, en cambio, la comisión "escuchó la opinión y la tiró al cesto de la basura", por lo que anticipó que la institución emitirá un comunicado con sus conclusiones sobre lo sucedido.

Consultado sobre una eventual estrategia para modificar el proyecto cuando ingrese en revisión a la Cámara de Senadores, Benintende no arriesgó demasiadas expectativas y prefirió correr el eje del debate hacia otros ámbitos de gestión. "No, o sea, si esto ya viene así con esta estrategia, hacer el esfuerzo es gastar energía, tirarla basura. Vamos a luchar de otra manera, vamos a seguir intercediendo con los estamentos del gobierno, uno u otro, porque no es sólo provincial, también a nivel municipal queremos lograr acuerdos", indicó. El dirigente lamentó, además, que "cancelar las posibilidades de diálogo" perjudica a un colectivo mucho más amplio que el estrictamente comercial. "La realidad que nos aqueja a todos, porque no es solo de los comerciantes, es de los vecinos, es de los jubilados, es de todos los habitantes", planteó.

La entidad formalizó su postura crítica en una nota elevada a los diputados, en la que calificó al proyecto con la misma dureza que su presidente utilizó en la entrevista. "Si bien valoramos el esfuerzo económico, el mismo es intrascendente y estéril, pues casi no existen comercios en la ciudad de Paraná que no superen el umbral de ventas de 1.800.000 pesos mensuales, con lo que la idea es interesante pero carece de efectividad", señala el escrito, firmado por las autoridades de la institución.

En el mismo documento, el Centro Comercial precisó el universo que la iniciativa deja afuera. "La realidad actual del comercio formal excede ampliamente el universo que resultará alcanzado por las medidas anunciadas para los monotributistas de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes", advirtieron, y remarcaron que buena parte de los comercios que "sostienen empleo registrado, pagan alquileres, invierten en infraestructura y contribuyen diariamente al desarrollo de nuestras ciudades, quedan excluidos de los beneficios anunciados".

La nota también describió la magnitud de los costos que enfrenta el sector. "Hoy un comercio formal debe afrontar alquileres que en muchos casos oscilan entre los 500 mil y más de dos millones de pesos mensuales, dependiendo de su ubicación y tamaño, a ello deben sumarse salarios, cargas sociales, energía eléctrica, servicios, tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales, costos financieros y reposición permanente de mercaderías", detallaron.

Entre los reclamos concretos, la entidad solicitó "la eliminación absoluta de las tasas municipales que vienen en las facturas de energía eléctrica" y "la eliminación del impuesto a los ingresos brutos hasta la categoría G del Régimen Simplificado de Tributación", además de exigir el cumplimiento de la ley nacional 27.429 -de consenso fiscal, ratificada por la provincia mediante la ley 10.557- en cuanto a la proporcionalidad entre las tasas municipales y los servicios prestados. También pidió que el gobierno provincial avance con una moratoria fiscal en línea con la que reclamó a nivel nacional la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas.