En medio de la polémica por la toma de terrenos y mientras ciertos de sectores políticos y mediáticos insisten en criminalizar y estigmatizar a quienes se ven obligados a llevar adelante medidas extremas, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) volvemos a reclamar el tratamiento de una Ley de Acceso a la Tierra”, indicaron a AIM desde la organización.
“Las tomas de tierras, como las ocurridas recientemente en la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia, no son un problema de seguridad, sino un grave conflicto social. Vemos con preocupación el resurgimiento de discursos racistas y xenófobos ante quienes luchan por una vida digna”, reclamaron a AIM desde la UTT.
El objetivo del proyecto de ley de Acceso a la Tierra es crear un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos.
De esta forma, desde la UTT, buscan demostrar que con el acceso a la tierra para las y los productores de alimentos se solucionarían muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria: hiperconcentración, especulación de precios, contaminación y trabajo informal o esclavo.
En Argentina, “sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60 por ciento de los alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el uno por ciento de las empresas agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en nuestro país”. A esto se suma la aplicación insuficiente de la Ley 26.160, que suspendió los desalojos de territorios de comunidades indígenas y ordenó realizar un censo en todo el país con objetivo de restituir y reconocer sus derechos ancestrales sobre la tierra. Del otro lado, “el mercado inmobiliario y el agronegocio puja por las tierras para hacer sus propios negocios, considerando a los bienes comunes como una mercancía, y privando a los sectores populares de su derecho a una vivienda digna, y la posibilidad de tierras para que los pequeños productores produzcamos los alimentos”.
En ese sentido, “el Estado debe intervenir para garantizar el #DerechoALaTierra para todas las familias argentinas y escuchar sus demandas, entendiendo que la falta de acceso a la tierra y vivienda digna es uno de los conflictos centrales en nuestro país que requiere de una mirada amplia que vaya más allá de las respuestas punitivas”, insistieron desde la organización.