La adjudicación de la nueva concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la firma belga Jan De Nul reavivó el debate sobre el control de una de las principales infraestructuras estratégicas del país. Aunque el Gobierno nacional sostiene que la medida permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad, distintos sectores políticos, especialistas y organismos de control cuestionan la transparencia del proceso y advierten sobre la pérdida de capacidad de decisión del Estado sobre un corredor clave para el comercio exterior.

La concesión, otorgada por 25 años a la unión transitoria conformada por Jan De Nul y la empresa argentina Servimagnus, comprende el dragado, balizamiento, mantenimiento y cobro de peajes en unos 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal, por donde circula alrededor del 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales argentinas.

Una vía estratégica para Entre Ríos

Para Entre Ríos, la decisión tiene una relevancia particular. La provincia cuenta con puertos sobre el río Paraná y forma parte del corredor logístico utilizado para las exportaciones de granos, productos industriales y cargas regionales. Además, el nuevo pliego incorporó formalmente sectores de la traza que involucran a territorio entrerriano, por lo que las obras y futuras decisiones sobre profundización, dragado y señalización tendrán incidencia directa sobre la actividad portuaria provincial.

Sin embargo, especialistas advierten que la provincia vuelve a quedar relegada de las decisiones estratégicas sobre una infraestructura que atraviesa su territorio, mientras el manejo operativo y comercial permanecerá durante un cuarto de siglo en manos de un concesionario privado.

Un proceso rodeado de cuestionamientos

La licitación estuvo atravesada por fuertes controversias desde sus primeras etapas. El primer proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei quedó sin efecto luego de recibir una única oferta. En el segundo intento participaron dos empresas, aunque durante todo el procedimiento hubo denuncias sobre presuntas irregularidades, direccionamiento de los pliegos y limitaciones a la competencia.

Uno de los antecedentes más relevantes fue el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que señaló posibles deficiencias en el procedimiento, entre ellas la falta de estudios de impacto ambiental, limitaciones para la participación de competidores y observaciones sobre los mecanismos de evaluación de las ofertas.

A ello se sumaron cuestionamientos políticos y hasta advertencias provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos comerciales internacionales atribuidos a la empresa adjudicataria, acusaciones que Jan De Nul rechazó públicamente durante el proceso.

El regreso de un viejo operador

La adjudicación también marca el regreso formal de una empresa que conoce como pocas el funcionamiento de la Hidrovía. Jan De Nul administró durante 25 años el dragado del corredor junto con Emepa hasta el vencimiento de la concesión en 2021 y, desde entonces, continuó realizando esas tareas como contratista del Estado. Con la nueva adjudicación volverá a controlar el principal corredor fluvial argentino hasta mediados de siglo.

Para sectores críticos, esta continuidad pone en duda el objetivo de fomentar una mayor competencia y plantea interrogantes sobre la concentración de un negocio estratégico en un mismo operador durante varias décadas.

Las promesas del Gobierno

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la nueva concesión permitirá reducir el peaje para los buques, profundizar el canal navegable y generar una baja de aproximadamente 13,5 por ciento en los costos logísticos, con inversiones estimadas en miles de millones de dólares durante la vigencia del contrato.

No obstante, desde distintos sectores remarcan que esos beneficios deberán comprobarse en la práctica y advierten que aún resta definir mecanismos efectivos de control público sobre la ejecución de las obras y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa.

Según pudo saber AIM, en ámbitos vinculados a la actividad portuaria también persiste la expectativa por conocer cómo se implementará el esquema de fiscalización de la concesión y cuál será el grado de participación que tendrán las provincias ribereñas, entre ellas Entre Ríos, en el seguimiento de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo productivo y el comercio exterior argentino.



De la Redacción AIM.