El plan oficial apunta a un incremento de las tarifas en marzo que luego será secundado por actualizaciones mensuales hasta fin de año, cuando se realizará la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Aunque no se sabe bajo qué fórmula se indexará, esto configura una novedad en la dinámica de los hogares. Las consultoras especializadas ya estiman saltos de hasta el 330 por ciento para la clase media.

Una de las principales cartas del plan de Javier Milei comenzará a conocerse durante la semana. Este lunes arranca la ronda de audiencias públicas, donde se expondrán los detalles de cómo se llevará adelante el recorte de subsidios energéticos para el caso del gas. No es un dato menor, el Gobierno asegura que el ancla del programa económico será fiscal y es una de las reformas que se pueden ejecutar sin pasar por el Congreso.

De acuerdo a la información que publicó el 12 de diciembre el Ministerio de Economía, la partida de subsidios económicos junto con la de gasto de capital serán las que sufran mayores recortes: 0,7 por ciento del PBI cada una. Luego una serie de ítems relevantes para la convergencia fiscal deben ser aprobados por el parlamento: suba de retenciones (0,5 por ciento del PBI), eliminación de movilidad jubilatoria (0,4 por ciento del PBI), reversión del Impuesto a las Ganancias (0,4 por ciento del PBI), entre otras.

Las chances de que el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo se apruebe sin modificaciones están al menos en jaque. Los legisladores de la oposición no parecen dispuestos a otorgar la discrecionalidad en materia previsional, los sectores productivos reclaman revisar la suba horizontal de derechos de exportación y la modificación en Ganancias todavía no llegó al parlamento.

Con este escenario, la quita de subsidios cobra un especial protagonismo en el programa fiscal que impulsa Milei. Dos altas fuentes del sector informaron que el esquema en el que trabaja el Gobierno incluye un aumento de las tarifas en marzo, que se explica tanto por la quita de subsidios como el incremento de los costos vía devaluación, y luego actualizaciones mensuales en la distribución y el transporte con el objetivo de que no se licúan con el efecto de la inflación.

Este último punto configura una novedad para la dinámica con que se venía manejando el sector y era una solicitud de varias firmas que esperan un escenario de fuerte aceleración inflacionaria para los próximos meses. En el caso de las distribuidoras de gas el decreto establece incrementos semestrales, pero en los últimos cuatro años se hicieron tres actualizaciones: una en 2021, otra en 2022 y la última en 2023.

Hasta el momento se desconoce cuál será la fórmula de indexación. De ahí surgen interrogantes: ¿Cuánto puede influir en el programa macroeconómico? ¿No retroalimenta la escalada de precios, poniendo en jaque el anhelo de reducir la inflación? La hoja de ruta que comenzará a detallar el Gobierno esta semana se ejecutaría puntillosamente hasta diciembre, cuando se defina la revisión tarifaria integral (RTI), hasta entonces todo será considerado transitorio.

Tarifas: ¿cuánto impactará en los bolsillos?

Con la hipótesis de una poda de un tercio de los subsidios que planteó el ministro Luis Caputo semanas atrás, la consultora Economía y Energía estimó que los incrementos podrían rondar el 330 por ciento en el gas para los usuarios de ingresos medios, el 168 por ciento para los de ingresos bajos y el 204 por ciento para aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo. En el caso de la electricidad los aumentos serían del 327 por ciento, 129 por ciento y 125 por ciento, respectivamente.

El viernes pasado, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, interpuso una acción de amparo ante la Justicia Federal con el fin de suspender la audiencia pública que se celebrará este lunes. La presentación cuestiona la modalidad virtual que dispuso el ENARGAS y argumenta que impide la participación de la comunidad en el proceso.

En las próximas horas, las organizaciones de defensa de los consumidores también van a plantear la nulidad de la audiencia. Emitirán un comunicado. Aseguran que el proceso está “plagado de irregularidades” y critican la escasez de información brindada por el Gobierno. Al mismo tiempo, se oponen a los aumentos que trascendieron en los últimos días.