El Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná denunció públicamente que el senador Gustavo Vergara les negó la palabra en el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley 8.732/93 de jubilaciones y pensiones. La organización calificó el hecho como un "agravio democrático" y difundió el documento que tenía preparado para exponer ante la cámara alta.

La entidad señaló que presentó un análisis sobre el proyecto hace más de un mes y medio "sin ninguna devolución", que como integrante de la Multisectorial sindical firmó la solicitud de intervención en la Legislatura, y que el lunes 8 de junio presentó una nota formal para ser incorporada a la grilla. La respuesta del senador fue que "elevemos por escrito nuestra posición, motivo por el cual nos consideramos agraviados desde el punto de vista democrático".

En su documento, la organización caracterizó la reforma como "falaz", definiéndola como "un razonamiento incorrecto, engañoso o falso que aparece como sólido o convincente con el fin de manipular o persuadir". Advirtieron que el proyecto "agravia la seguridad social, propiedad, igualdad, razonabilidad, tutela judicial efectiva y protección de los adultos mayores", y que "afecta derechos de naturaleza alimentaria, previsionales, salariales, patrimoniales y constitucionales".

En materia salarial y previsional, el texto ejemplificó con cifras concretas: "Una maestra —cargo testigo— cobra apenas 750.000 pesos y una maestra jubilada con la Ley 8.732/93 apenas supera 1.090.000 pesos con el 120 por ciento de antigüedad". Bajo el esquema de la reforma, ese mismo cargo percibiría "actualizado durante 13 o 15 años hasta llegar a los 65 o 68 años 890.000 pesos, producto del 'aporte solidario' del 19 por ciento".

Los jubilados docentes también cuestionaron la concentración de atribuciones en el poder Ejecutivo: "No permitan los súper poderes legislativos en el Ejecutivo donde se auto-habilita a modificar aportes, cambiar partidas y meter mano en el sistema por decreto, licuando el control de la Legislatura bajo el argumento de la 'fuerza mayor'". Afirmaron que la delegación de esas facultades "genera un debilitamiento del principio republicano, de la división de poderes y del control democrático sobre decisiones que afectan directamente el patrimonio y la vida de miles de personas".

Respecto a la conducción de la Caja, la organización alertó que "la conducción colegiada queda reducida a un rol consultivo decorativo", y que la reforma "cancela en los hechos los mecanismos democráticos de contralor interno, clausurando la vía administrativa para frenar resoluciones unilaterales o confiscatorias".

Con una perspectiva de género, el documento señaló que elevar la edad jubilatoria a 65 o 68 años implica "desconocer que dos tercios del total son jubiladas en una sociedad jerárquica desigual y expropiadora". Calificaron la pretendida igualación de edades como un intento de "invisibilizar los pactos silenciosos del patriarcado" y de "negar las desigualdades persistentes y estructurales de recarga laboral, del cuidado de las maternidades, las niñeces y tareas hogareñas".

En sus conclusiones, la entidad respaldó el proyecto alternativo de la Multisectorial sindical para crear el Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (Fisper) y reclamó gravar "la renta extraordinaria de las multinacionales, grandes empresas extractivistas, terratenientes" mediante un impuesto a la herencia, entre otros mecanismos. "Plata hay en los sectores concentrados de la economía que son los que pagan poco y/o exentos por leyes como el RIGI y el RINI", remarcaron, interpelando directamente a los legisladores: "Es la voluntad política de las cámaras donde quieren ubicarse o de qué lado del mostrador están".

El cierre del documento estuvo cargado de advertencia política: "Este proyecto no va a prescribir en el tiempo y los responsables tendrán que dar cuenta de la violación a los derechos humanos previsionales".