En medio de la polémica por la reforma de la Ley 7.722, el dirigente radical de Cambiemos figura como socio en una nueva firma minera. Además, Omar Félix, diputado nacional del PJ, también entró en el negocio. Radicales y peronistas mendocinos, de ambos lados del mostrador.
Tres referentes políticos crearon, poco antes de que se derribara la Ley 7722, empresas mineras: el diputado Omar Félix y su hermano Emir, ambos del PJ, intendente de San Rafael, dueños de Sierras del Nevado S.A., y Ernesto Sanz, exdiputado radical, uno de los fundadores de Cambiemos y socio de la sociedad por acciones simplificadas Bergbau S.A.S.
La creación de la empresa Sierras del Nevado SA fue en octubre y la novedad salió publicada en el Boletín Oficial de Mendoza del 29 de ese mes.
La empresa de los Félix, se lee en el Boletín Oficial de ese día, está habilitada para “explotación, exploración, ubicación de toda clase de yacimientos según el Código de Minería, prospección, desarrollo, preparación y extracción de toda clase de recursos mineros, su beneficio, su transporte y su comercialización, dentro y fuera del país, a cuyo efecto podrá realizar todas las operaciones civiles o comerciales relacionadas directa o indirectamente con su actividad sin limitación alguna, como ser: ejecución, dirección y administración de obras de ingeniería minera, civil e industria”.
Conocida la noticia, en la mañana de este martes, un grupo de asambleístas por el agua se dirigió al domicilio del intendente Félix, en una calle céntrica, al canto de “Félix, careta, el agua se respeta”.
Socio y lobbista
Sanz, en tanto, tiene como socios de la minera a Marina Fernanda Meydac y Bernardo Alcanoni. Inició sus actividades con un capital social de 100 mil pesos y tiene como principal rubro de actividad la minería y los hidrocarburos, según lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia del 5 de diciembre.
El radical participó días atrás de la presentación del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (Iadem) que nuclea unos 200 profesionales de empresas mineras y estudios jurídicos, que trabajaran en beneficios para el sector minero como impuestos, entre otros.
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