La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) de Entre Ríos denunció que hace casi tres meses los comedores y merenderos populares de la provincia no reciben alimentos por parte del gobierno de Rogelio Frigerio, y responsabilizó directamente a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al secretario de Seguridad Alimentaria, Miguel Heft.

La organización advirtió que la crisis no se mide solo en estadísticas: "La fila de nuestros comedores y merenderos se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la crisis social que atraviesa nuestra provincia. Una emergencia que no se mide únicamente en estadísticas, sino en las mesas vacías, en las familias que reducen comidas, en jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o alimentarse, en trabajadores que no encuentran trabajo y en niños y niñas que dependen de los espacios comunitarios para acceder a una taza de leche".

La Utep apuntó además contra una paradoja política: las organizaciones nucleadas en la Mesa contra el Hambre habían propuesto, a través de la Ley de Emergencia Alimentaria, el relevamiento de los espacios comunitarios como política de reconocimiento y acompañamiento. Fue el propio oficialismo quien retiró ese punto e impidió que formara parte del proyecto que luego se aprobó y rigió hasta 2025. "Hoy, utilizan esa misma herramienta como método de persecución, traba burocrática y decisión para no entregar los alimentos", denunció la organización.

El gremio de la economía popular subrayó que, pese a haber presentado continuamente la documentación solicitada, las exigencias del Estado no cesan: "A casi tres meses de la falta de entrega de los alimentos, nos preocupa profundamente que se soliciten cada vez más datos de quienes atraviesan situaciones de necesidad y sean menos las respuestas concretas del Estado".

La conclusión política del comunicado fue tajante: "Cuando se pone más esfuerzo en controlar a quienes necesitan comer que en garantizar el derecho a la alimentación, lo que se administra no son recursos: se administra la exclusión".

Frente a esa situación, la Utep exige la inmediata regularización de la entrega de alimentos para comedores y merenderos, un cronograma público de distribución que garantice previsibilidad, explicaciones urgentes sobre los motivos de la interrupción, el sostenimiento efectivo de la emergencia alimentaria en toda la provincia y políticas públicas que fortalezcan el trabajo comunitario "en lugar de perseguirlo y burocratizarlo".